Las anteriores enfermedades, además, conllevan una serie de gastos y a veces, tener que utilizar el patrimonio para poder sufragarlos, por lo que es importante que se nombre a un tutor.

Se debe tener en cuenta, conforme a lo anterior, que la incapacitación judicial se trata de una medida de protección, diseñada para proteger a las personas en situaciones en las que no pueden valerse por sí mismas o puedan aprovecharse de ellas.

¿Pero qué es la incapacitación judicial y quien puede declararla?

La incapacitación judicial es aquél mecanismo legalmente previsto para proteger y complementar la falta de capacidad de aquellas personas que, por causas psíquicas o físicas persistentes, no pueden gobernarse a sí mismas, siendo necesario complementar esa falta de gobierno con un tutor, previsto cuando la persona está totalmente imposibilitada para regir su vida y sus actos, o curador, cuando la persona es capaz pero requiere de un complemento de capacidad.

Lo relevante de la incapacidad judicial de una persona, es que es algo que tiene tal trascendencia jurídica que únicamente se puede declarar mediante una resolución judicial, como así se establece en el art. 199 del Código Civil.

¿Quién puede solicitar una incapacitación judicial?

Los legitimados para instar judicialmente la incapacitación de una persona, son en primer lugar el cónyuge, después los descendientes mayores de edad, los ascendientes y los hermanos. También, puede ser promovida por el Ministerio Fiscal, para el caso que no existieran familiares o si éstos no la iniciaran, y se informara de esta situación por medio de los servicios sociales.

La incapacitación judicial se iniciará mediante la presentación de una demanda, elaborada por un abogado y presentada por un procurador, en los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del presunto incapaz.

La demanda, deberá ir acompañada de aquellos certificados de nacimiento y de empadronamiento del futuro incapaz, y los documentos médicos que acrediten la enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse.

Una vez presentada, y admitida la demanda, el Juez deberá practicar los siguientes medios de prueba, como son la audiencia de los familiares más próximos del incapaz, el examen personal por el Juez del incapaz y el dictámen del médico forense.

La sentencia que declare la incapacitación judicial, contendrá la extensión y límites de la incapacitación, el régimen de tutela, la persona nombrada, y los mecanismos de control, entre otras cosas.

Durante la tramitación del procedimiento judicial de incapacidad, es importante reseñar, que existe la posibilidad de que las partes o el Ministerio Fiscal, puedan solicitar al Juez, que adopte medidas cautelares para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio.

Albares Abogados Manises y Valencia, es un despacho de reconocido prestigio, premiado y recomendado en derecho civil, que cuenta con los mejores abogados y profesionales especialistas en procedimientos de incapacitación judicial de mayores. En este despacho de abogados, estamos su disposición, y tenemos la experiencia necesaria, al haber tramitado numerosos procedimientos, asesorando, tanto a familiares, como a instituciones en estos procesos tan delicados.

Pedro Albares Castejón

Tras lo expuesto, y para poder dar una respuesta clara, se debe poner de relieve la Sentencia Número 309/2019 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha 25 de Junio de 2019.

La Sala analiza y resuelve, si el Burofax remitido y no recogido por el inquilino puede evitar la enervación del desahucio. En este sentido, se estima el recurso de los arrendadores de una vivienda, que remiteron correctamente por correos la comunicación de requerimiento de pago a la inquilina, a la que se le imputa la pasividad o desinterés por no acudir a recogerla.

Conforme a lo expuesto, y siendo en los casos que quede constancia del envío del requerimiento de pago y del contenido intimatorio del mismo, así como de su recepción y fecha, declara el Tribunal que el mismo es válido a efectos de impedir la enervación de la acción de desahucio, conforme a lo dispuesto en el art. 22.4 LEC, párrafo último, dado que la falta de conocimiento de su contenido por la arrendataria es imputable a la intención, negligencia o desidia de la propia destinataria, que no lo retiró de las oficinas de Correos a pesar de que se le dejó nota de aviso.

Por tanto, y como conclusión, si el inquilino que no recoge un burofax de requerimiento de pago habiéndose certificado su contenido, dejado aviso por el funcionario de correos y siendo devuelto por no haberse recogido en la oficina, no podrá impedir el desahucio.

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Pedro Albares Castejón