La mayoría de jueces y abogados consideran que la sentencia supone una auténtica revolución en el derecho de familia, ya que sentará jurisprudencia sobre este asunto tan polémico. Sin embargo, hay quien considera que la sentencia no vela suficientemente por los intereses del menor.

La sentencia versa sobre una pareja de Valladolid que se divorció, obteniendo la mujer la custodia de los hijos menores y el uso de la casa en la que habían estado conviviendo.

La nueva pareja de la ex-esposa se mudó posteriormente a dicha vivienda, y el padre solicitó una modificación de medidas, petición que fue inicialmente denegada en primera instancia pero aceptada en recurso ante la Audiencia Provincial, que dictaminó que «el derecho de uso de la vivienda atribuido en su día a esposa e hijos quedara extinguido en el momento en el que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia nº 565 de 19 de Noviembre de 2018, determina que la agravante de género debe aplicarse en todos aquellos casos en los que se actúe contra la mujer por el mero hecho de serlo, sin que sea necesario que exista ningún tipo de relación entre la mujer y su agresor, lo que resulta perfectamente compatible también con la aplicación de la agravante de parentesco.

Confirma así el Alto Tribunal la aplicación de ambas agravantes a un hombre condenado por la Audiencia de Madrid por maltrato habitual y tentativa de homicidio contra la pareja con la que convivía, y que recurrió la decisión planteando la incompatibilidad de ambas agravantes.

La Sala se opone a la argumentación planteada por el condenado, fundamentando que:

a) La agravante de parentesco se aplica siempre que medie entre autor y víctima las relaciones de afectividad o convivencia que recoge el artículo 23 del Código Penal.

b) la agravante de género es aplicable siempre que «concurra en el autor del delito un ánimo de mostrar su superioridad frente a la víctima mujer y demostrarle que ésta es inferior por el mero hecho de serlo».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se parte en dos y falla, por 15 votos a favor y 13 en contra, que es el comprador el que debe pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, corrigiendo a la Sección Segunda, que cambió la jurisprudencia anterior.

El presidente de la Sala había apoyado poco antes de la votación final una propuesta en la que se asumía la nueva jurisprudencia pero sin efecto retroactivo, que fue rechazada por 17 votos en contra y 11 a favor.

Esto forzó una nueva votación, con el resultado expuesto, y que pone en evidencia la división en el seno del Alto Tribunal.

Tribunal Supremo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 396/2018, establece que cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, en la que concurra un ánimo tendencial, supone un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre, y por lo tanto constituye un delito de abuso sexual, previsto en el Artículo 181 del Código Penal.

El delito de abuso sexual está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. Según la Sala, estas conductas no deben enmarcarse en el delito leve de coacciones, sino en el de abuso sexual.

Recuerda el Tribunal que para que se pueda considerar abuso sexual se exige como requisito un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier otra exteriorización o materialización con significación sexual.

Este contacto se puede realizar por parte del sujeto activo directa o indirectamente sobre el cuerpo del sujeto pasivo (u ordenado por el primero para que el segundo lo realice sobre su propio cuerpo en contra de su voluntad).

También debe concurrir el ánimo o propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro.